AMNISTIA INTERNACIONAL URUGUAY
COMUNICADO 8 DE MARZO, 2025.-
Uruguay está en deuda con las niñas y mujeres, quienes siguen enfrentándose a la violencia de género estructural, que se manifiesta de forma alarmante en su vida cotidiana. El país mantiene una de las tasas más altas de femicidios en América Latina, una realidad inaceptable que refleja la naturalización de la violencia machista en la sociedad, dejando en evidencia la urgente necesidad de que el Estado adopte medidas más eficaces para prevenir la violencia de género y garantizar la vida y la seguridad de todas las mujeres.
Amnistía Internacional Uruguay insiste en la falta de respuesta efectiva del Estado ante la violencia sexual y de género, y las graves fallas del sistema de protección institucional que, lejos de garantizar la seguridad de las mujeres y niñas, perpetúan su vulnerabilidad.
Según datos oficiales del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (Conapees), en 2024 Uruguay atendió 456 denuncias de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, una cifra que refleja la magnitud de la violencia sexual que afecta principalmente a las mujeres y niñas en el país. La violencia sexual no solo está relacionada con la explotación sexual comercial, sino también con situaciones de abuso dentro de las mismas familias o entornos cercanos, lo que pone de manifiesto la desprotección de las víctimas y la ineficacia del sistema de justicia para prevenir y sancionar estos delitos. La falta de acceso a la justicia, la revictimización y la escasa formación de los actores estatales son solo algunas de las falencias que continúan invisibilizando y naturalizando la violencia sexual.
En un contexto internacional donde los retrocesos en derechos sexuales y reproductivos son cada vez más evidentes, la lucha por la igualdad de género se enfrenta a desafíos alarmantes. En Uruguay, aunque hemos avanzado en algunas áreas, las mujeres y niñas siguen siendo víctimas de violencia de género, abuso sexual y explotación, con instituciones públicas incapaces de garantizar su protección adecuada. El sistema de protección a las infancias y adolescencias exige una revisión profunda y acciones urgentes para cumplir con sus funciones.
La violencia sexual y de género es una violación grave a los derechos humanos de niñas y mujeres. El Estado debe adoptar medidas inmediatas para garantizar la protección efectiva de las víctimas. Esto incluye la mejora de los mecanismos de denuncia, la formación integral de los actores estatales y el fortalecimiento del sistema de atención y reparación a las víctimas de violencia sexual.
El Estado tiene la responsabilidad de desarrollar políticas que garanticen la justicia de género en todas sus dimensiones, además de combatir la violencia de género, es preciso que invierta en políticas de cuidados como un pilar esencial para el bienestar social. El Sistema Nacional de Cuidados (SNIC) debe ser fortalecido para garantizar que todas las personas, especialmente las mujeres, tengan acceso a servicios de cuidado que les permitan desarrollarse plenamente en todos los ámbitos de la vida. Amnistía Internacional Uruguay, insta a las autoridades a fortalecer el SNIC, asegurando recursos suficientes y garantizando que todas las personas, independientemente de su situación económica, puedan acceder a estos servicios de calidad. Las políticas públicas de cuidados deben ser integrales y con enfoque de derechos humanos, priorizando la corresponsabilidad social y de género.
Las niñas y mujeres están en riesgo, Uruguay tiene una deuda persistente en justicia de género. Cada 8 de marzo y todos los días debemos ratificar el compromiso de que todas las mujeres y niñas puedan vivir libres de violencia y exigir que el Estado cumpla con su responsabilidad de proteger y garantizar derechos.