Columna de opinión de Martín Sanguinetti*
El informe de Amnistía Internacional me despierta la necesidad de reflexionar sobre una discusión que entiendo Uruguay necesita dar con urgencia: la crítica profunda a la idea del crecimiento económico entendido como un fin en sí mismo.
Más allá del paréntesis que significó la pandemia en 2020 y 2021, el país no ha dejado de crecer desde la salida de la crisis de 2002. Sin embargo, ese desempeño convive con señales sociales alarmantes: tasas de suicidio elevadas, un tercio de la infancia en situación de pobreza, un exagerado número de personas privadas de libertad, aumento sostenido de heridos de bala, altos niveles de mortalidad por accidentes de tránsito y un número récord de personas viviendo en la calle.
Es cierto que ese crecimiento no fue homogéneo. Hubo años de mayor dinamismo —particularmente entre 2003 y 2015— y otros de menor expansión. Aun así, se trata del período más prolongado de crecimiento económico ininterrumpido en la historia del país. Además, estuvo acompañado por transformaciones productivas significativas: a las tradicionales exportaciones de carne, lácteos y arroz se sumaron la agricultura de secano transgénica, la madera aserrada y la producción de pasta de celulosa, configurando una matriz más diversificada.
Este artículo propone mirar la contracara de ese proceso y algo que el PBI no mide: la injusticia ambiental que lo sostiene, en diálogo con los datos y alertas que plantea Amnistía[1]. El crecimiento tiene costos que no se contabilizan. Un ejemplo de esto es el uso intensivo y creciente de fertilizantes y plaguicidas que dejan residuos que terminan en nuestras cuencas, contribuyendo al exceso de nutrientes y a la presencia de sustancias peligrosas para la salud humana y los ecosistemas. Este modelo productivo requiere cada vez más de insumos que generan daños, cuyos costos recaen sobre la sociedad en su conjunto y sobre el ambiente, tanto a nivel local como global si incluimos las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a su producción y uso.
Algunos de esos impactos son visibles: floraciones en cuerpos de agua que impiden el uso recreativo y el turismo, disminución de la pesca en cuencas afectadas o dificultades para potabilizar el agua generando la presencia en exceso de compuestos como los trihalometanos. Otros son más silenciosos, pero igualmente relevantes: aumento de las tarifas por mayores costos de potabilización, mayor consumo de agua embotellada por desconfianza en el suministro público o la falta de información sistemática sobre la calidad del agua.
Algunos indicadores son elocuentes. Según los anuarios de la DIEA (MGAP), las importaciones de fertilizantes sintéticos se multiplicaron por diez y los plaguicidas por 4 entre el 2002 y el 2024. Todo esto para aumentar el PBI agropecuario en aproximadamente en 2 veces en el período considerado.
A estos problemas se suman transformaciones estructurales en el territorio. Los censos agropecuarios muestran una creciente concentración y extranjerización de la propiedad y un desplazamiento de productores pequeños y medianos[2]. Esto va acompañado de los cambios en el uso del suelo —como la expansión de monocultivos forestales y agrícolas— que implica también transformaciones profundas en los ecosistemas, incluyendo la pérdida de pastizales naturales. Hecho que no solo afecta la biodiversidad, sino que desplaza formas de vida y producción, erosionando la soberanía alimentaria local y debilitando a los productores familiares[3].
A su vez, la intensificación productiva y la expansión del riego contribuyen a agravar los problemas de disponibilidad de agua en contextos de estrés hídrico. Estos fenómenos se hicieron particularmente evidentes en 2023, cuando el país atravesó una crisis histórica que dejó a buena parte de la población sin acceso a agua potable durante más de tres meses.
El problema de fondo es que el crecimiento económico se ha instalado como un objetivo incuestionable. Las políticas públicas que lo sostienen —desde exoneraciones fiscales hasta inversiones públicas en infraestructura para grandes empresas— han profundizado este modelo extractivo. Lejos de debatirse, esta lógica se consolida como un pensamiento monolítico. Basta observar el lugar marginal que ocupa el ambiente en la ley de presupuesto nacional[4] o el impulso a nuevos megaproyectos —como el hidrógeno verde, la exploración sísmica o los centros de datos— que suelen presentarse bajo la promesa de abundancia de recursos que el país tiene, en particular de agua, postergando los problemas ambientales para el futuro.
Pero los problemas ambientales no pertenecen al futuro: ya están aquí. Se expresan en el aumento de los conflictos por el agua, la tierra y el ambiente que atraviesan hoy todo el territorio[5]. En ellos se juega, en última instancia, la disputa por la vida, y emergen formas alternativas de valorar lo que nos sostiene. Uruguay no parte de cero. A lo largo de estas disputas, diversas organizaciones no solo han resistido y denunciado, sino que también han construido propuestas concretas, logrando incidir en marcos normativos y políticas públicas: desde la reforma constitucional del agua de 2004 hasta la ley y el plan nacional de agroecología o el plan de agricultura familiar, entre otros avances. Sin embargo, en una agenda dominada por la urgencia del corto plazo, suele imponerse una idea de crecimiento reducida a lo pecuniario. Frente a ello, conviene recordar algo más simple y más profundo: habitamos este territorio y dependemos de él. Por eso, más que una opción, repensar qué entendemos por desarrollo es una necesidad urgente.
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(*) Economista, integrante de la cooperativa de trabajo Comuna donde trabaja junto a organizaciones sociales sindicales, cooperativas u otro tipo de organizaciones militantes. Es docente de la Unidad curricular Teorías del Desarrollo Económico de la FCEA y está finalizando la Maestría en Manejo costero integrado. Investiga conflictos ambientales desde la Economía Ecológica y la Ecología Política.
Notas:
[1] Además del informe anual se recomienda: https://amnistia.org.uy/wp-content/uploads/2025/10/Resumen-ejecutivo-Impacto-ambiental-UY_032025.pdf
[2] Díaz, I., Sum, T. y Achkar, M. (2023). Territorialización de las sociedades anónimas (SA) en Uruguay: acaparamiento y extranjerización de tierras. Iberoamericana- Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies, 52(1), 88-102. https://iberoamericana.se/articles/10.16993/iberoamericana.575
[3]https://descargas.mgap.gub.uy/OPYPA/Anuarios/Anuarioopypa2025/ESTUDIOS/2/E2WEB/E2Evoluciondelosproductores.pdf
[4] Se puede profundizar en este artículo: https://www.cooperativacomuna.uy/documentos/lo-que-el-gobierno-llama-politicas-ambientales-en-el-proyecto-de-ley-del-presupuesto-nacional
[5] Lizbona, A., & Delbono, A. (2024). La crisis hídrica y las paradojas de la gobernanza del agua en Uruguay: Instituciones, actores y conflictos socioambientales a dos décadas del plebiscito de 2004. Revista Uruguaya de Ciencia Política, 33, 1–27. https://doi.org/10.26851/RUCP.33.7