Columna de opinión Matías Brum*
Una mirada transversal del presupuesto con enfoque de derechos humanos obliga a cambiar la forma en que discutimos. No alcanza con preguntar cuánto se gasta en cada área: hay que mirar cómo se asigna, cómo se ejecuta y qué resultados genera en la vida de las personas. El presupuesto no es solo un instrumento contable, es una herramienta central para garantizar —o fallar en garantizar— derechos. Desde esa perspectiva, el informe deja tres conclusiones claras.
La primera es evidente: se necesita más plata. El diagnóstico muestra déficits en áreas críticas —infancia, salud mental, violencia de género, cuidados, sistema penitenciario— donde las políticas públicas no cuentan con los recursos necesarios para garantizar derechos de forma sostenida. La propia discusión presupuestal reciente no logró revertir estas carencias en sectores especialmente sensibles . Pretender que el problema puede resolverse sin más recursos sería negar la magnitud de los desafíos.
Pero la segunda conclusión es igual de importante: aun sin más recursos, hay muchas cosas para hacer mejor. Así, el informe es contundente en mostrar fallas que no son exclusivamente presupuestales. En el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, entre 2020 y 2025 fallecieron 114 menores bajo tutela estatal, 20 de ellos en 2025 . Estos hechos no remiten solo a falta de dinero, sino a problemas en la evaluación del riesgo, en la detección temprana, en la supervisión y en la coordinación entre instituciones. Cuando el Estado ya está presente pero falla, el problema es también de gestión.
También, algo similar ocurre en violencia de género. Aunque existen avances presupuestales —como recursos para unidades especializadas y tecnología de monitoreo— el informe señala que el principal cuello de botella sigue estando en la implementación, particularmente en la falta de tribunales especializados que la propia normativa prevé . Es un problema de capacidades, de organización y de prioridades dentro del gasto.
Mas aún, incluso hay dimensiones más básicas. El propio informe advierte sobre las dificultades persistentes para acceder a información pública de calidad y actualizada que permita evaluar políticas públicas . Sin sistemas de información robustos, no solo es difícil gastar mejor: es imposible saber si las intervenciones están funcionando.
Todo lo anterior conecta con la tercera conclusión: la demanda por más presupuesto —legítima y necesaria— no puede cegarnos frente a otras mejoras igual de urgentes. En otras palabras, hay reformas que no dependen principalmente de dinero: mejorar la articulación entre organismos, fortalecer protocolos de actuación, integrar sistemas de información, priorizar la prevención sobre la reacción, o rediseñar programas que ya existen pero no están logrando sus objetivos. Muchas de estas decisiones tienen costos relativamente bajos, pero impactos potencialmente altos en la efectividad del Estado.
Si la discusión pública se concentra exclusivamente en la falta de recursos, corremos el riesgo de invisibilizar estos márgenes de mejora. Y, peor aún, de postergar cambios que podrían implementarse ya, aun en contextos de restricción fiscal. Nada de esto implica relativizar la necesidad de mayor financiamiento. El informe muestra con claridad que Uruguay enfrenta limitaciones reales para garantizar derechos en múltiples áreas y que será difícil avanzar sin ampliar recursos en sectores clave. Pero sí implica ordenar la discusión y evitar diagnósticos incompletos. Avanzar en derechos humanos requiere más recursos, sin duda. Pero también requiere usar mejor los existentes. Y, sobre todo, exige no perder de vista que una parte sustantiva del problema no es cuánto se gasta, sino cómo se decide, se gestiona y se evalúa ese gasto.
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(*) Profesor asistente de Economía en la Facultad de Administración y Ciencias Sociales de la Universidad ORT (Uruguay). Realizó su Licenciatura en Economía en la Universidad de la República (Uruguay), tiene una Maestría en Economía y Finanzas por la Barcelona School of Economics (España, 2012) y obtuvo su doctorado en Economía en Queen Mary, University of London (Inglaterra, 2018). Es miembro del think tank Ágora.