Desde hace varios años, Amnistía Internacional viene dando seguimiento a las condiciones de privación de libertad en Uruguay. En sus sucesivos informes, la organización ha expresado con preocupación el deterioro sistemático del sistema penitenciario en el país, el continuo aumento de personas privadas de libertad, las condiciones de hacinamiento, las carencias en la atención en salud, las escasas oportunidades de reinserción social y el estrecho vínculo entre la cárcel y la calle.
En las últimas décadas, se ha observado un sostenido crecimiento de la población penitenciaria, lo que ha generado un problema generalizado de superpoblación y hacinamiento crítico en la mayoría de los establecimientos carcelarios.
Con el objetivo de construir una hoja de ruta que permita trazar un horizonte de mejora en el mediano y largo plazo la Oficina del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura convocó a una Mesa de Trabajo a distintos actores para que realicen aportes. Amnistía Internacional celebra este espacio y el esfuerzo por generar acuerdos políticos que trasciendan las gestiones de gobierno y permitan una política de Estado en materia penitenciaria y de seguridad; entendiendo que la situación de las cárceles es una de las aristas de un asunto más amplio que es la seguridad nacional, área en la que Uruguay viene presentando señales de deterioro en el transcurso de los años.
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