Escribe Lucía Pérez Chabaneau
Directora Ejecutiva Amnistía Internacional Uruguay
En sus informes anuales, Amnistía Internacional viene dando seguimiento a las condiciones de privación de libertad en Uruguay. En los sucesivos informes, hemos evidenciado con preocupación el deterioro sistemático del sistema penitenciario en el país, el continuo aumento de personas privadas de libertad, las condiciones de hacinamiento, las carencias en la atención en salud, las escasas oportunidades de reinserción social y el estrecho vínculo entre la cárcel y la calle.
En 2024, elaboramos un documento de aportes para la Mesa de Trabajo sobre Sistema Penitenciario, convocada por la Institución Nacional de DDHH y la Oficina del Comisionado Parlamentario. Al mismo tiempo, presentamos las prioridades y preocupaciones de Amnistía Internacional a los partidos políticos que disputaban el gobierno en la campaña electoral pasada. En los distintos programas de los partidos, el sistema penitenciario aparecía como uno de los asuntos urgentes.
Sin embargo, a pesar de asistir al empeoramiento continuo de la cárcel, no se vislumbran acciones de respuesta pública concretas que apunten a una mejora. La reforma del sistema penitenciario no admite más demoras, por las personas privadas de libertad, las familias vinculadas a esas personas y por la sociedad toda. ¿Cuál es la función de la cárcel? Sancionar a quienes cometen delitos y, por otro lado, rehabilitar conductas para que esos delitos no se repitan; favoreciendo la reintegración social, una vez que la persona cumplió con su condena. El sistema penitenciario está fallando. Los diagnósticos son claros, la ruta de salida, no tanto.
Las autoridades uruguayas deben tomar medidas urgentes para trazar un rumbo diferente al actual en materia penitenciaria. Las políticas deben centrarse en la prevención del delito, la atención y sanción de quienes ya han ingresado al sistema; así como también deben ocuparse de la reinserción social de quienes ya han cumplido su pena. Actualmente, Uruguay no cumple con los estándares mínimos para el tratamiento de personas privadas de libertad en varios de los aspectos antes señalados. Esta situación debe ser revertida con urgencia para garantizar los derechos humanos de la población privada de libertad, así como también del resto de la población, generando políticas de reinserción social y condiciones de vida digna que prevengan el delito.
El mes pasado se produjo un incendio en el ex Comcar en el que murieron cuatro personas. ¿Cuánto tiempo más podemos permitirnos un sistema penitenciario con este nivel de deterioro? ¿Cuál es el umbral de tolerancia? Aquí hay dos cuestiones muy claras: es un asunto de dignidad humana y de garantías que el Estado debe brindar y, por otro lado, un asunto muy pragmático de convivencia social: ningún país debería admitir una acumulación de varones jóvenes pobres, mujeres en situaciones de extrema vulnerabilidad y niños, niñas y adolescentes vinculados a esas personas en un sistema que condena a ser parte del sistema. Que la ruta de salida de la cárcel sea la calle, tampoco augura un mejor futuro. No es posible ni deseable pensar la cárcel solo desde dentro.
Un acuerdo común entre todos los actores políticos y sociales vinculados al sistema penitenciario para revertir esta situación en el mediano y largo plazo es básico para proyectar un modelo penitenciario distinto al actual, orientado al regreso a la vida social. Es tiempo de acciones.