La agenda de derechos humanos en Uruguay es clara y ha sido construida a partir del trabajo sostenido que la sociedad civil organizada ha realizado en los últimos 20 años. No obstante, a casi 40 años del retorno de la democracia, el Estado uruguayo aún tiene deudas persistentes.
Amnistía Internacional insta a las nuevas autoridades a tomar medidas teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:
Sistema penitenciario
- Contar con centros penitenciarios reducidos que garanticen las condiciones de privación de libertad, el control de la violencia, la convivencia y una mayor participación en actividades.
- Revisar las actuales disposiciones legales que afectan de manera desproporcionada a las mujeres en situación de vulnerabilidad. La política de seguridad y la lucha contra el narcotráfico debe dotarse de perspectiva de género, evitando la criminalización de las mujeres que se encuentran con niños, niñas y adolescentes a su cargo.
- Mayor coordinación entre actores relevantes, incluidas organizaciones de la sociedad civil, familias y el sector privado, a fin de implementar programas de reintegración efectivos y reducir la tasa de reincidencia.
- Las medidas alternativas a la privación de libertad deben ser fomentadas y acompañadas de un sistema de seguimiento robusto que genere confianza en la política penitenciaria. Es crucial fortalecer las instituciones de monitoreo, como la Oficina del Comisionado Parlamentario y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, para asegurar condiciones dignas y supervisar la implementación de la hoja de ruta hacia un nuevo modelo penitenciario.
- Comunicar de manera clara y estratégica los fundamentos de estos cambios, explicando los recursos destinados y los resultados esperados, enmarcados en un enfoque de derechos humanos.
- Contar con un presupuesto desglosado y una visión clara del gasto permitirá una mejor comprensión de la inversión a futuro en un sistema penitencia- rio acorde a los estándares internacionales.
Verdad, justicia y reparación por los crímenes del pasado reciente
- Adoptar de forma urgente las medidas necesarias para identificar información pertinente y veraz sobre el paradero de las personas detenidas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar, especialmente información que pueda ser recabada dentro de las Fuerzas Armadas.
- Fortalecer el sistema de archivos vinculados al pasado reciente para mantener su tratamiento de acuerdo con los estándares internacionales.
- Llevar ante la Justicia a todas las personas sospechosas de responsabilidad penal por crímenes de derecho internacional, incluidos los crímenes de lesa humanidad, sin importar la fecha en que fueron cometidos.
Ley de violencia basada en género
- Robustecer los servicios de asesoramiento, refugio y asistencia a las víctimas.
- Investigar exhaustivamente la violencia basada en género contra las mujeres y niñas y poner a dispo- sición de la justicia a los responsables.
- No tomar medidas regresivas que modifiquen la vigente ley, garantizando la protección a las víctimas.
Libertad de expresión y acceso a la información pública
- Establecer procedimientos transparentes y eficientes que garanticen el acceso pleno y oportuno a la información, con el objetivo de facilitar, de forma proactiva, información de interés público. Se enfatiza la importancia de asegurar que el derecho a buscar, recibir y acceder a información en poder de organismos públicos sea ejercido sin obstáculos, favoreciendo así la rendición de cuentas y participación de actores externos.
- Modificar la Ley de Acceso a la Información Pública para que la Unidad de Acceso a la Información Pública tenga capacidad sancionatoria ante los sujetos obligados que incumplan la norma.
- Promover activamente una cultura institucional que se apoye en la transparencia activa y la facilitación de información de interés público, generando capacidades en los sujetos obligados.
- Desarrollar una política de transparencia activa y pasiva para las distintas inversiones que se reali- zan en Uruguay, particularmente aquellas que tienen impactos sociales y ambientales, estrechando vínculos con la sociedad civil organizada.
- Monitorear exhaustivamente el impacto de la Ley de Medios en la concentración de licencias en pocos medios e informar sobre su implementación.
- Promover acciones de formación con las personas que ocupan cargos de responsabilidad pública para garantizar que mantengan un clima adecuado y de respeto en el debate público.
Sistema de cuidados
- Provocar una discusión pública exhaustiva sobre el derecho al cuidado y el financiamiento del SNIC para establecer posibles estrategias para su sostenimiento a largo plazo y considerar las diversas fuentes de financiamiento posibles.
- Evaluar cómo se distribuyen los recursos dentro del SNIC para garantizar una asignación equitativa y eficiente que satisfaga las necesidades de cuidado.
- Jerarquizar en la rendición de cuentas nacional la transparencia en el uso de los fondos del SNIC para asegurar que se utilicen de manera efectiva y con prioridades claras.
Salud mental
- Reglamentar la Ley N°19529 en su totalidad, avanzando hacia un proceso de desmanicomialización.
- Garantizar la cobertura en salud mental de acuerdo con las necesidades de la población.
- Desarrollar programas de promoción de la salud mental y el bienestar, así como también de preven- ción del suicidio.
Derechos sexuales y reproductivos de la población, especialmente de niños, niñas y adolescentes
- No tomar medidas que repercutan y afecten el legítimo derecho de las niñas, niños y adolescentes de acceder a una educación sexual integral adecuada a la edad y con perspectiva de derechos humanos.
- Fortalecer el sistema de protección infantil en materia educativa, sanitaria y judicial con el fin de eliminar el embarazo y la maternidad infantil, poniendo especial énfasis en la prevención, atención y reparación en los casos de abuso sexual y violencia hacia niños, niñas y adolescentes.