En el contexto regional, Uruguay presenta importantes avances en materia de derechos sexuales y reproductivos con la ley 18.426 y específicamente con la ley 18.987 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, pero aún observamos algunas barreras que limitan el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.
Amnistía Internacional Uruguay viene señalando en sus últimos informes anuales que la agenda de derechos sexuales y reproductivos en Uruguay enfrenta importantes desafíos en la prevención y abordaje del embarazo infantil, impactando negativamente en la vida de las niñas y adolescentes. El embarazo en esta etapa vital implica siempre una vulneración de derechos, afectando no solo la salud, sino que muchas veces es el resultado de situaciones de abuso donde se compromete el consentimiento y la capacidad de decisión.
Garantizar el acceso a una educación sexual integral y tomar las medidas necesarias para revertir situaciones de embarazo y maternidad infantiles es clave para asegurar la protección de niñas y adolescentes.
En julio de este año (2024) se conoció la noticia del fallecimiento de una adolescente de 16 años embarazada, bajo la tutela del INAU en Rivera, que falleció tras una cesárea de emergencia. Este trágico hecho expuso la realidad en la que se encuentran muchas niñas y adolescentes que son víctimas de explotación sexual. La muerte de esta adolescente reveló la existencia de múltiples omisiones institucionales y plantea serias preguntas sobre la efectividad de la respuesta pública, evidenciando las fallas del sistema de protección infantil. Este caso exige poner en primer plano la necesidad de garantizar el acceso seguro, adecuado a los servicios de salud sexual y reproductiva, y a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Es fundamental proteger la autonomía de las adolescentes, asegurando que puedan tomar decisiones informadas sobre sus cuerpos y sus vidas. Los servicios IVE deben ser accesibles en todo el territorio, para que ninguna mujer se vea forzada a enfrentar obstáculos geográficos que limiten su acceso a la atención necesaria.
La respuesta inadecuada a la explotación y el abuso sexual infantil, así como la falta de recursos y formación específica, reflejan un debilitamiento de la capacidad del Estado para garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Urge una revisión exhaustiva de las políticas y prácticas institucionales existentes para garantizar a niñas, niños y adolescentes una vida digna.
Para que las niñas puedan seguir siendo niñas.
#SonNiñasNoMadres