Escribe: Lucía Pérez Chabaneau
Directora Ejecutiva Amnistía Internacional Uruguay
Que nuestra región está convulsionada no es novedad. La más desigual y violenta reclaman distintos informes que dan cuenta de un panorama delicado en las Américas que está lejos de repuntar. Las preocupaciones de Amnistía Internacional por el estrechamiento del espacio cívico en todo el mundo se pueden rastrear desde los inicios de la organización. Sin embargo, en los últimos años América Latina y el Caribe acaparan la atención de las noticias y del mundo por respuestas públicas al descontento y movilización social caracterizadas por la represión de las protestas pacíficas, las distintos obstáculos a la libertad de expresión (algunas brutales como la impunidad por crímenes de periodistas y defensores/as de derechos humanos, otras menos explícitas y sofisticadas como la aplicación de tecnologías para la vigilancia ilegal, haciendo un uso abusivo del aparato del Estado).
La creatividad de quienes intentan asfixiar el espacio cívico puede ser inmensa. Desde hace algún tiempo, se vienen configurando leyes que restringen el trabajo de las ONG en varios países, los casos de Paraguay y Venezuela llaman particularmente la atención. Estas leyes buscan amedrentar el trabajo de las organizaciones y poner en tela de juicio su labor, argumentando que las organizaciones no responden a controles estatales de ningún tipo, construyendo una narrativa falsa que lo único que busca es deslegitimar y bloquear el trabajo de organizaciones sociales y de defensores/as de derechos humanos.
En Paraguay, la propuesta de ley que pretende regular las organizaciones sin fines de lucro ha encendido las alarmas entre las organizaciones de derechos humanos, que ven en ella un peligro para su autonomía y para el ejercicio libre de sus actividades. Este proyecto amparado en la transparencia no conduce más que a abrir el camino al cierre de operaciones de las ONG, pudiendo llegar, incluso a confiscar sus fondos. Las organizaciones en Paraguay ya están sujetas a legislaciones de control y rendición de cuentas, y lo hacen como parte de sus tareas habituales. Este proyecto de ley podrá imponer sanciones arbitrarias y amplias restricciones a las organizaciones, pudiendo afectar su autonomía y capacidad operativa.
En Venezuela, la llamada «Ley anti-ONG» sigue reforzando la represión del régimen de Nicolás Maduro, poniendo en riesgo la existencia misma de las organizaciones que luchan por los derechos. Esta ley viola los derechos de asociación y participación, con la intención de seguir silenciando a las organizaciones de derechos humanos y a la sociedad civil venezolana. En la situación en la que se encuentra hoy el país, el rol de la sociedad civil ha sido clave a la hora de denunciar las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y las torturas sistemáticas del gobierno. Lamentablemente, esta ley ya fue aprobada, agravando la crisis de derechos humanos en la que se encuentra.
El caso de Paraguay aún puede dar un giro si la Cámara de Diputados no aprueba el proyecto de ley. Varias personas referentes de organizaciones de la sociedad civil, incluidas nuestras colegas de Amnistía Internacional Paraguay han comparecido ante el Congreso para expresar su preocupación y desaprobación a esta iniciativa. Si te indignaste al leer esto, estás a tiempo de hacer la diferencia firmando nuestra acción urgente para detener esta ley contra las organizaciones de derechos humanos en Paraguay.