Escribe Lucía Pérez Chabaneau
Directora Ejecutiva Amnistía Internacional Uruguay
En los 15 años de vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, las solicitudes de acceso han sido indispensables para garantizar los derechos humanos en Uruguay. Sin embargo, aún persisten desafíos y obstáculos que impiden avanzar hacia una cultura de transparencia en el país.
El pasado miércoles 5 de junio presentamos un nuevo informe “15 años de la Ley de Acceso a la Información Pública. Lecciones aprendidas desde la Sociedad Civil”, que busca colocar el derecho al acceso a la información pública en agenda y generar insumos que sirvan para mejorar el cumplimiento de la Ley 18381.
El Informe recoge la experiencia de Amnistía Internacional Uruguay y de otras organizaciones de la sociedad civil en el uso de las solicitudes como mecanismo de ejercicio y control sobre el cumplimiento de los derechos humanos.
Los resultados permiten obtener una línea de base sobre cómo ha sido ejercido el derecho de acceso a la información por estas organizaciones, cómo han respondido los organismos estatales en la práctica, y qué desafíos han enfrentado quienes solicitan información.
¿Por qué nos importa? En primer lugar, porque acceder a información de interés público y sobre decisiones y acciones que afectan la vida de la población, es un derecho. En segundo lugar, porque las solicitudes de información son una herramienta importante para el trabajo de organizaciones como Amnistía Internacional, que nos dedicamos a la investigación para incidir en la agenda pública para poner luz sobre asuntos que afectan y vulneran los derechos humanos. Nos brinda la posibilidad de elaborar diagnósticos, establecer relaciones entre fenómenos, identificar el impacto para los derechos humanos y proponer acciones para que los Estados se responsabilicen. En tercer lugar, porque tenemos una ley vigente que requiere de modificaciones, sobre todo, para mejorar la capacidad de contralor del organismo responsable, la Unidad de Acceso a la Información Pública, que hoy no tiene capacidad sancionatoria cuando un sujeto obligado (institución pública) no cumple con la norma.
Desde Amnistía Internacional hemos elaborado una serie de recomendaciones en clave de política pública para garantizar el derecho de acceso a la información centradas en mejorar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley 18381, fortalecer las capacidades institucionales y económicas de la Unidad de Acceso a la Información Pública y fomentar mayores intercambios entre el sector público y los actores de la sociedad civil, promoviendo una cultura de la transparencia activa y pasiva como un ejercicio cotidiano, extendido y valorado por los actores públicos.