DATOS Y CIFRAS
Uruguay enfrenta un escenario de crecientes tensiones entre las dinámicas extractivistas y la protección del ambiente y los derechos humanos. El mapeo estratégico de Amnistía Internacional Uruguay identificó la superposición de proyectos de agronegocio, energía, infraestructura, industria inmobiliaria y minería en el territorio, con impactos acumulativos sobre ecosistemas y comunidades.
Agronegocio y monocultivos
Uruguay tiene 1,1 millones de hectáreas forestadas — el 6,6 % del territorio nacional. Los bosques nativos abarcan 847.000 hectáreas.
La expansión de los monocultivos implica riesgos significativos, entre los que destaca la contaminación por agroquímicos y sus efectos sobre los ecosistemas y la salud humana.
Calidad del agua
- En la cuenca del río San Salvador (Soriano), una investigación reveló la presencia de 38 pesticidas en el agua.
- A esto se suma la constatación de altos niveles de contaminación en distintos cuerpos de agua del país, como el Río Negro y la costa atlántica.
- Las floraciones de cianobacterias ya no son un fenómeno estacional sino una amenaza permanente.
El deterioro de la calidad del agua es un problema estructural en Uruguay.
Acceso al agua potable
En 2025, la presencia generalizada de cianobacterias en cuerpos de agua superficiales afectó la operativa de algunas plantas potabilizadoras, poniendo en riesgo la red de distribución de agua.
La cuenca del río Santa Lucía abastece de agua potable a más de la mitad de la población del país. Su deterioro histórico requiere acciones urgentes que incorporen la participación social y privilegien el consumo humano sobre otros usos.
Avance: la actualización del Decreto 253/79 incorpora una visión ecosistémica y nuevas obligaciones de monitoreo e información pública. El desafío es su implementación efectiva.
En julio de 2025, el Poder Ejecutivo canceló el proyecto Neptuno / Arazatí, fuertemente cuestionado por la sociedad civil y la academia por problemas legales, técnicos, financieros, ambientales y sociales. Sin embargo, sigue abierta la discusión sobre cómo garantizar el abastecimiento de agua potable en el Área Metropolitana, con nuevas obras proyectadas que mantienen interrogantes sobre transparencia y participación ciudadana.
Presupuesto para la protección del ambiente
La Ley de Presupuesto no incorpora mecanismos presupuestales que fortalezcan la evaluación de impacto ambiental ni garanticen la participación ciudadana.
No existe un clasificador presupuestal ambiental transversal: no sabemos cuánto destina el Estado a proteger el agua como derecho humano.
Acceso a la información
La opacidad con que avanzan muchos proyectos de gran porte evidencia las dificultades del Estado para cumplir con el Acuerdo de Escazú, en particular su artículo 5: el principio de máxima publicidad en asuntos ambientales.
Mientras tanto, el secreto comercial y la confidencialidad de contratos siguen siendo herramientas habituales — y los beneficios fiscales y la inversión estatal que conllevan estos proyectos permanecen fuera del control ciudadano.
Amnistía Internacional exige a las autoridades nacionales:
- Robustecer la legislación de impacto ambiental asegurando independencia técnica y evaluación de impactos acumulativos.
- Adoptar una política integral de protección del derecho al agua, con transparencia y participación.
- Fortalecer el monitoreo, control y sanción ambiental sobre contaminación de aguas, uso de agroquímicos y vertidos industriales.
- Garantizar acceso a la información y participación ciudadana temprana, así como evitar el secreto comercial, en todos los procesos de evaluación de impacto ambiental.