COMUNICADO DE PRENSA
- El embarazo infantil y la explotación sexual son indicadores de fallas sistémicas en la protección integral de niñas y adolescentes y en la garantía del interés superior de las niñas.
- La violencia vicaria se ha consolidado como una expresión extrema de la violencia basada en género.
- Uruguay presenta la tasa de suicidio más alta de América Latina, superando por más del doble el promedio regional.
- La población carcelaria aumentó más de 30 % desde 2020 y alcanzó el máximo histórico en diciembre de 2025, con 16.496 personas privadas de libertad.
- En Uruguay no responder pedidos de acceso a la información pública no tiene consecuencias.
- El deterioro de la calidad del agua también compromete el abastecimiento de agua potable.
El Informe Anual 2025/26 de Amnistía Internacional, en su capítulo ampliado sobre Uruguay, analiza los principales retos de derechos humanos que enfrenta el país a la luz de las asignaciones presupuestales para los próximos cinco años. Algunos de los compromisos de campaña y de las prioridades estratégicas de gobierno no cuentan con un respaldo presupuestal que permita asumir tales responsabilidades con una vocación de cambio sustantivo y estructural.
Amnistía Internacional viene denunciando desde hace seis años en sus informes anuales el debilitamiento del sistema de garantías en Uruguay. La preocupación no ha cambiado: el deterioro del sistema de protección de derechos golpea con más fuerza a quienes ya están en situación de mayor fragilidad: infancias, adolescencias y mujeres, personas migrantes, personas afrodescendientes y personas con discapacidad.
Este debilitamiento se expresa de formas concretas. En la incapacidad del sistema para proteger a niños, niñas y adolescentes que viven en entornos de violencia, y en trayectorias institucionales que, en lugar de reparar, agravan el daño y reproducen la revictimización. Se ve también en la persistencia de la violencia de género en la vida de mujeres y niñas; en un sistema penitenciario colapsado desde hace más de dos décadas, con respuestas fragmentadas y resultados pobres en términos de reinserción; en la impunidad estructural que todavía pesa sobre el pasado reciente y que mina la verdad en cada archivo que no se explora; en las dificultades para garantizar transparencia y acceso oportuno a información pública relevante y de gran impacto en la vida de la población, como los temas ambientales.
Este informe pretende mostrar un panorama que recoja los avances, los retrocesos y los nudos de estancamiento que presenta el país en materia de derechos humanos. Es un llamado de atención a las autoridades uruguayas y un aporte para fortalecer el sistema de garantías.
¿Quiere Uruguay ser un referente real en derechos humanos o se conformará con serlo solo en el papel?
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