Escribe Lucía Pérez Chabaneau
Directora Ejecutiva Amnistía Internacional Uruguay
Mucho se habla de la crisis ambiental, pero pocas veces conectamos con el impacto real que eso tiene en la vida cotidiana. Se trata, básicamente, de un desequilibrio entre la naturaleza y la actividad humana, que repercute negativamente en los ecosistemas y, por lo tanto, en la calidad de vida. Esta crisis afecta asuntos tan vitales como el agua que consumimos, el aire que respiramos y la calidad del suelo del que nos alimentamos. Sin embargo, la intervención humana sobre la naturaleza no tiene las mismas implicancias para todas las personas, ni siquiera, para todos los países. La desigualdad brutal con la que algunos se hacen de los beneficios del uso irresponsable del planeta tiene su contracara en quienes cargan con el peso negativo de no tomar las medidas adecuadas para preservar el medio ambiente en el que vivimos.
La crisis ambiental es una crisis de derechos humanos. Por eso, hemos venido fortaleciendo una línea de trabajo centrada en la justicia ambiental, desde una mirada que articula el derecho al agua, el acceso a la información pública, la participación ciudadana y el rol de las personas defensoras del medio ambiente como puntos fundamentales.
Una de las principales preocupaciones que tenemos desde Amnistía Internacional tiene que ver con el acceso y la calidad del agua como derecho humano para una vida digna y sostenible. Elemento básico, indispensable que atraviesa todas las acciones que realizamos diariamente. El agua es un bien común, cercenado por el uso extractivo, irresponsable y opaco de grandes industrias que operan en los territorios bajo la mirada de los Estados. Esto afecta los cursos de agua, el abastecimiento y la calidad del agua que consumimos.
Durante los últimos años, hemos denunciado la opacidad institucional respecto a proyectos de gran escala; también hemos exigido mayor transparencia en decisiones que afectan directamente los territorios, y monitoreado las políticas públicas que condicionan el acceso equitativo a bienes naturales esenciales como el agua. La crisis hídrica de 2023 expuso con crudeza las debilidades estructurales del sistema de provisión y gestión del agua en Uruguay, así como su impacto desigual sobre las poblaciones más vulnerables.
En 2024, realizamos un Mapeo Estratégico de Proyectos de Impacto Ambiental que nos permitió identificar una serie de iniciativas en curso o proyectadas que concentran riesgos relevantes en términos ambientales y de derechos. A partir de este trabajo, nuestra campaña se enfoca en visibilizar el impacto, promover el acceso a información clara y confiable, y reforzar el control ciudadano sobre decisiones que impactan el ambiente y las comunidades, especialmente en los territorios más afectados.
Frente a un escenario en transformación, es clave el involucramiento activo de la población para exigir información, transparencia en los compromisos públicos y rendición de cuentas en todos los emprendimientos que comprometan la sostenibilidad del ambiente y, por lo tanto, de la vida.
La capacidad de movilización social articulada en la acción de personas sensibilizadas, con información y con capacidad de levantar su voz para exigir respuestas será clave para exigir garantías en la toma de decisiones sobre proyectos y acciones de política pública que tengan impacto ambiental y social. ¡Te necesitamos!